Revista

Nuestra Portada: Con la camiseta puesta

No. 104
Editorial

En la globalización, no avanzar es retroceder

En el verano de 1986 México se adhirió al GATT (de 1947). Nuestros negociadores de entonces actuaron de manera responsable y lograron un trato privilegiado por la comunidad internacional al reconocer el grado de desarrollo (o subdesarrollo) en que se encontraba nuestra economía. El Protocolo de Adhesión a ese organismo internacional de manera particular consignó y protegió la situación del campo mexicano con un trato preferencial.

Año y medio después, el 15 de diciembre de 1987, en pleno proceso electoral por la contienda presidencial, con una inflación que erosionaba el poder adquisitivo del salario mínimo y cercenaba los precios reales del campo, se estableció el llamado Pacto de Solidaridad Económica que, se dijo, aseguraría tanto los intereses de la clase trabajadora como a la producción en el campo. Como acción de política económica el gobierno abrió unilateralmente el mercado doméstico a las importaciones, en particular las de productos básicos y cuatro años después logró contener la inercia inflacionaria pero a costa de lo que se quería salvar: Sacrificó al campo y al trabajador asalariado del país.

Inmersos en la administración Salinista, en el país se conjura (como acepción que significa "ligarse con alguien mediante juramento, para algún fin" o "conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien, para hacerle daño o perderle") un Tratado con los Estados Unidos de América al cual, posteriormente, se incorpora Canadá, no sin antes restablecer aranceles y permisos previos para algunos productos agropecuarios. Los aranceles se consolidan a un máximo del 20%, renunciándose unilateralmente a la protección del acuerdo del GATT. La reducida protección del sector agropecuario mexicano se negocia al margen del Acuerdo de Adhesión, y con ello se da gran ventaja a los nuevos socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los negociadores gubernamentales, desde 1991, argumentaron contra la opinión de los representantes de los diferentes sectores agrícolas y pecuarios de México. Aseguraban que el "Farm Bill" de los Estados Unidos era finito y concluía en 1995 y que los Estados Unidos acatarían los compromisos de las Rondas de Uruguay en materia de agricultura, que coincidentemente habían iniciado en 1986 y concluido en 1994 dando pie al nuevo GATT: la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para el año 2000 la OMC, en su evaluación de los compromisos asumidos por la comunidad internacional, observó que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea lejos de acatar los Acuerdos asumidos en su seno, avanzaban en sentido contrario. El "Farm Bill" en 1995, después de la firma del TLCAN, no sólo había sido renovado sino que había aumentado el nivel presupuestal de los apoyos a su sector primario; en la Unión Europea (VE-12) con su Política Agrícola Común (PAC) las cosas no fueron diferentes; la revisión de la Agenda 2000 evidenció su verdadera razón de ser: Mantener la competitividad agropecuaria de Europa ante los Estados Unidos. Esta guerra de presupuestos gubernamentales, con alto costo a sus erarios, llevó al resto del mundo a establecer un mercado distorsionado de precios a nivel internacional.

La erosión de la Balanza de Pagos y de la Balanza Agroalimentaria del país no preocupaban a nuestro gobierno, no obstante las constantes demandas de protección y apoyo planteadas por los diversos sectores de la producción primaria. Las pocas y escasas consultas del gobierno de México a los sectores nacionales contrastaban con la posición del gobierno de los Estados Unidos, favorable a sus productores, en el sentido de que solo negociarían los subsidios y apoyos en la OMC pero nunca de manera bilateral. Mientras esto ocurría al sector primario de México se le acotaba.

Los eventos del 11 de septiembre del 2001 y el alza de precios del petróleo le permitieron al gobierno estadounidense reorientar sus acciones en el mercado internacional, y a dar mayor protección a costa de quitar la poca competitividad a los productores nacionales. Los compromisos de la OMC en la Ronda del Milenio (Doha) fueron evadidos y ello dio lugar, en Cancún a que nuevos grupos de países confrontaran el incumplimiento de los desarrollados empecinados en no retirar o bajar sustancialmente los apoyos distorsionantes de los precios del mercado internacional. México se adhirió al G20 con Brasil, China, Argentina, Pakistán y otros 15 países más, y juntos resuelven no conceder mayor acceso al mercado en tanto no se bajen los niveles de apoyo al sector primario.

No hay avances. Peor aún, la nueva política energética estadounidense determina hacer viable la industrialización del maíz para la producción de etanol y sustenta esta viabilidad con nuevos apoyos que generan una demanda extraordinaria de maíz y modifican el mercado internacional de los granos al llevar el precio del maíz de menos de dos dólares por bushel hasta poco más de 7 dólares. Este aumento de precio en el maíz estimula su cultivo pero disminuye las siembras de trigo, soya y cebada, que al reducir su producción propician un incremento sustancial en sus precios en el mercado internacional.

El primer mercado que resiente mayormente este impacto es el mexicano por su gran dependencia alimentaria. La concentración de las importaciones y de la producción nacional hace que este problema se acreciente en perjuicio de los consumidores de grano tanto para consumo humano como para consumo animal, como es el caso del sector porcícola.

No obstante que México le apostó al aprovisionamiento de cereales de los Estados Unidos a precios siempre competitivos, jamás ha medido el impacto de la política agrícola (Farm Bill) estadounidense en su economía. Es claro que las prioridades norteamericanas no tienen nada que ver con los intereses de la producción agropecuaria de México y es por ello que debemos de modificar nuestra visión de la producción agrícola.

Nuestro futuro dependerá de la capacidad de producción de cultivos básicos para nuestra SEGURIDAD ALIMENTARIA y del fortalecimiento del sector pecuario nacional en base a la producción de granos forrajeros de nuestro país. Solo así podremos mejorar producción, podremos mejorar nuestra productividad y con ello nuestra competitividad en el mercado internacional. Con producción nacional estaremos impulsando inversiones sustanciales y creando en el campo los empleos que tanto requiere el campo de México. El futuro de México, está en el campo, y ya es tiempo de empezar con políticas coherentes que nos lleven a ello.